Califican especialistas con 3.7 la Reforma Constitucional del Estado de Querétaro

La Evaluación de la Reforma Constitucional del Estado de Querétaro, que coordinó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), fue más bien negativa a pesar de su pertinencia como tema a discusión.

Al presentar los resultados de la evaluación por parte de un panel de expertos, Luis Raigosa manifestó que en realidad el cambio de constitución en Querétaro, aunque se cuidaron las formas para no manifestarlo así, no se justifica. Sin embargo, es útil porque  pone en la discusión pública el tema del constitucionalismo local.

Sin duda el fusionar la Comisión de Derechos Humanos con el órgano de transparencia es uno de los aspectos más negativos, pues viola abiertamente el artículo 6 de la Constitución federal que claramente establece la separación de estas funciones; tan grave es este problema que está actualmente en controversia por parte de la Procuraduría General de La República. Además, al no ser un cuerpo colegiado quien lleve este órgano fusionado, se trata de una forma de fortalecer al ejecutivo local con relación a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Ésta, señaló Raigosa, es la que finalmente sale afectada.

También se señaló que la nueva Constitución establece que el poder judicial del Estado no puede recaer en un solo individuo, pero ello va en contra de la división de poderes y la autoridad de los jueces, quienes entonces tendrían una autoridad delegada, y no una autoridad por derecho propio.

Si bien es importante que  en el constitucionalismo local se agregue una función de control constitucional para el Tribunal Superior de Justicia local, es un arma de doble filo, dado que después de dirimir la concordancia con la legislación local, la decisión de este tribunal puede impugnarse a escala federal, lo que haría el proceso más costoso.

Finalmente señaló cómo el artículo 15 significa el riesgo de promover “intrigas palaciegas” en el poder, pues en caso de desaparición de poderes, el Senado de la República, quien hace el nombramiento, está ya determinado por la Constitución de Querétaro y se sabe de antemano quién sería el gobernador sustituto.

Francisco Arroyo por su parte remarcó que esta nueva constitución va en contra del ciudadano en general, pues fortalece al poder ejecutivo y complica la aplicación de políticas públicas, su fiscalización y la rendición de cuentas.

Por ejemplo en cuanto a la disposición de los recursos fiscales, la nueva constitución establece que si no hubiera consenso en el congreso local, puede el ejecutivo determinar el destino de las finanzas públicas prácticamente por tiempo indefinido.

En la evaluación participaron también Miguel Carbonell, Jorge Chessal, Jorge Galindo, Sergio López Ayllón, Ignacio Marván Laborde, Reyes Rodríguez Mondragón, Javier Rascado Pérez y José Roldán Xopa.