Algunas personas han interpretado la reciente mexicanización del sistema bancario de mi país como una medida encaminada a hostilizar a los intereses extranjeros. Esto es un error. La mexicanización bancaria ya estaba prevista en la legislación vigente, si bien en forma atenuada. La ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que entró en vigor en mayo de 1941, establecía que la concesión otorgada a una organización bancaria caducaría «si la mayoría de las acciones pasa a poder de un gobierno extranjero, o si tratándose de una sociedad mexicana se establecen relaciones evidentes de dependencia con instituciones de crédito, bancos o establecimientos bancarios del extranjero» (artículo 100). El principio, pues, no es nuevo; sus orígenes se remontan varios decenios atrás.