La nueva iniciativa de reforma a la Ley de Competencia, aunque perfectible, constituye un paso en la dirección correcta, a pesar de que no establece una política de Estado en materia de competencia, sí otorga mejores instrumentos para la efectividad de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Se requieren, no obstante, modificaciones claves a elementos de la iniciativa que, como están propuestos, debilitan a la Comisión y vulneran la incertidumbre jurídica de los agentes económicos.